Gracias a la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia existe la obligación de ofrecer tratamiento y rehabilitación adecuados a la infancia que presente trastornos psicosociales y de salud mental.

El inicio de la Jornada celebrada en la Delegación del Gobierno en Canarias tuvo lugar con Dña. Esther Martín (presidenta de AIDDDIA) realizando una introducción de la asociación organizadora de la jornada y reflexionando brevemente sobre la importante de la salud mental en la infancia y la adolescencia. 

Dña Esther Martín Rodríguez comenzó compartiendo algunos de los objetivos de La Asociación Interprofesional en Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (AIDDDIA):

1) Impulsar diversas acciones legales, administrativas, educativas, sanitarias, sociales, económicas en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para alcanzar el máximo desarrollo de los mismos.

2) Promover actuaciones preventivas de carácter legal, administrativo, sanitario, educativo y socioeconómico frente a colectivos vulnerables de niños, niñas y adolescentes, a través de actividades formativas y de sensibilización social y ofreciendo asesoramiento profesional experto multidisciplinar, a organismos públicos y privados, respecto a los derechos de la infancia.

En el contexto de las jornadas que celebramos hoy es importante recordar que en la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Estados convinieron en entender la salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades. Abordaremos la importancia de estudiar la salud infantil desde la óptica de los derechos del niño, en el sentido de que todos los niños tienen derecho a oportunidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo en un contexto de bienestar físico, emocional y social al máximo de sus posibilidades. Este enfoque integral en materia de salud sitúa la realización del derecho del niño a la salud en el contexto más amplio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

EL SISTEMA DE APOYOS COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL
Dña María Rosa Rubio Ramos - Fiscal Delegada de la especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 8/2021 supone un cambio de paradigma en el respeto al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y en garantía del libre ejercicio de su capacidad jurídica conforme con su voluntad, deseos y preferencias.

La Ley 8/2021 traslada los postulados de la Convención de las Naciones Unidas hecha en Nueva York en el año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ello supone la instauración definitiva del concepto social de la discapacidad que obliga a los Poderes Públicos a hacer las adaptaciones necesidad para asegurar el libre ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

En coherencia con lo dicho, la nueva normativa declara como principio fundamental el de la desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad y potencia las medidas de apoyo que voluntariamente hayan sido decididas por cada persona así como, en su defecto, la medida informal de la guarda de hecho (menores). De este modo la intervención judicial se reduce al mínimo, para establecer tan solo los apoyos de naturaleza judicial en los casos en que no existen los apoyos antes mencionados, o para aquellos actos para los que la Ley así lo exige.

El ejercicio de esos apoyos se deberá realizar siempre de acuerdo con la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. Tan sólo de forma excepcional cabrá su representación y aún en estos casos el representante habrá de actuar conforme a esa voluntad, deseos y preferencias en la medida en que la persona los pueda manifestar o se puedan (y deban) conocer en función de su trayectoria vital.

LAS ACTUACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO RESPECTO A RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN MOVIMIENTO
Dña, Elena Arce Jiménez - Asesora responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato

Se estima que 50 millones de niños están en movimiento hoy. Se desplazan por diferentes razones, voluntaria o involuntariamente, dentro de un país o entre países, con o sin sus padres o cuidadores principales, y cuyos traslados pueden colocarlos en situaciones de riesgo (o de mayor riesgo) de recibir una atención insuficiente, de explotación económica o sexual, maltrato, abandono y violencia. Hay que dejar ya las etiquetas y siglas: MENAS, JENAS, MENORES INMIGRANTES…La necesidad de desarrollar mejores políticas para abordar las necesidades de los niños en movimiento es mayor que nunca.

Multiplicidad de actores que intervienen, pertenecientes hasta a tres administraciones distintas (Administración General del Estado, Entidad de Protección de Menores autonómica y Ayuntamientos), dificultan enormemente la obligación deponer el interés superior de los menores en el centro y de escucharles en todos los procedimientos que les afectan.

Ampliemos la mirada respecto a las formas de trata (no solo con fines de explotación sexual): mendicidad, explotación laboral, esclavitud doméstica, obligados a delinquir….

1.- La falta de garantías de las que adolece el procedimiento para la determinación de la edad afecta de manera especial a los menores más vulnerables entre los que se encuentran aquellos que tienen necesidades de protección internacional o presentan indicadores de trata de seres humanos. El procedimiento de identificación como víctima de trata menor de edad no suele culminar con éxito bien porque se rechaza su entrada en territorio español o porque desaparece del centro de protección de menores a los pocos días de su ingreso.

2.- Derecho a la identidad como el derecho a tener derechos. La condición de extranjero en situación irregular, en muchas ocasiones indocumentado, del menor compromete gravemente en la práctica la efectiva protección de sus derechos. Los procedimientos que se siguen para la identificación de las necesidades de protección internacional o los indicadores de trata de los menores de edad no garantizan el ejercicio de su derecho a ser escuchados ni tienen prevista una herramienta para la determinación de su interés superior. Para que sea posible la identificación eficaz es imprescindible la intervención de personal especializado en protección de la infancia, así como policía y fiscalía especializadas que aseguren que se toma en consideración como cuestión primordial el interés superior del menor (Consejo de Europa, 2018).

3.- Resulta preciso revisar en profundidad las prácticas administrativas que se siguen para entrevistar a los menores de edad que tienen necesidades de protección internacional o presentan indicadores de trata.

ABORDAJE INTEGRAL E INTERSECTORIAL DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Dra. Eva Bajo Tobío – Médica forense y Subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

La médica forense Eva Bajo, coordinadora de la Unidad de Valoración Forense Integral de violencia contra la Infancia y la adolescencia intervino para abordar la problemática del abuso sexual infantil como realidad invisibilizada socialmente y ante la que los profesionales que habitualmente trabajan con personas menores de edad tienen muchas dudas sobre cómo intervenir. Explicó la necesidad de tener una visión integral, holística y centrada en los derechos de la infancia para su abordaje. Asimismo, presentó el modelo de actuación desarrollado en el contexto del proyecto piloto del Juzgado especializado de violencia contra la infancia y la adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria y las medidas de adaptación de la justicia a la infancia que se están implementando así como los nuevos modelos de valoración y la necesidad de una actuación coordinada con otros agentes e instituciones.

INFANCIA DIVERSA. SENSIBILIZAR SIN PATOLOGIZAR Dña. María José Hinojosa – Psicóloga generalista sanitaria y responsabe del servicio de atención psicológica de GAMÁ

En unas Jornadas dedicadas a la salud mental en niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo se hacía necesario poner el foco en la infancia y juventud LGTBI, ya que sigue existiendo discriminación, prejuicios y estereotipos sociales basados en un sistema de creencias cis-hetero-patriarcal, que tiene un impacto negativo en sus vidas, en su salud mental y física y secuelas a corto, medio y largo plazo, especialmente secuelas a nivel psicológico.

La intervención de Gamá en las Jornadas giró en torno a la necesidad de despatologizar las identidades, en concreto para que no interfiera en el acompañamiento a sus procesos. Basándonos en que la diversidad sexual y de género es una cuestión de derechos humanos, se hizo una fotografía de la situación actual en materia de derechos, legislación (a nivel autonómico y estatal, centrándonos brevemente en los protocolos educativo y sanitario en Canarias), avances sociales, retos y recomendaciones a los y las profesionales para con una información y formación libre de prejuicios, mejorar la calidad de vida de nuestra infancia y adolescencia, especialmente, cambiando la mirada sobre las personas LGTBI y sus familias, que siguen siendo cuestionadas, estigmatizadas y en los casos más graves, violentadas, como refleja el aumento en los casos de delitos de odio por razón de orientación sexual e identidad de género.

Para el objetivo de la sensibilización se proyectaron algunos vídeos, uno en concreto, el Tránsito del Tiempo, donde tres generaciones de mujeres trans (mayor, joven y niña) hablaban en primera persona sobre su vivencia y dificultades para vivir de manera libre su identidad, poniendo en valor la importancia que adquieren colectivos sociales como Gamá para la lucha por el reconocimiento de los Derechos del colectivo LGTBI.

LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA UNA INTERVENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ASISTENCIA A MENORES VULNERABLES
Dra. Sabrina Gónzalez Santana – Jefa de Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI)

El sector de la salud y el sector social deben responder de modo integral y coordinado. Debemos cada vez más ser conscientes de la necesidad de prestar mayor atención a las problemáticas sociales y de conducta que socavan la salud mental, el bienestar psicosocial y el desarrollo emocional de los niños.

Como psiquiatra destacó los eventos adversos que influyen en el estado emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia. Se están viendo hasta cuatro eventos adversos de forma simultánea, entre ellos haber nacido en pandemia o haberla experimentado como niño/niña/adolescente.


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