Una sociedad que respeta a la infancia no debe hacer oídos sordos a su voz. El derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado, es inherente a su persona y, al mismo tiempo, supone una fuente de desarrollo personal y educativa que promueve la autoprotección y la resiliencia.
Pero además, debería ser valorada como una oportunidad de la sociedad de enriquecerse con la opinión y perspectiva de una parte extremadamente valiosa de la sociedad.
Sin embargo este derecho tiene que ir más allá de la mera escucha de su opinión en aquellas cuestiones que les afecten directamente. Esto debería darse por sentado. El derecho a la participación activa en la sociedad de niños, niñas y adolescentes nos obliga a los adultos a conocer sus puntos de vista, sus preocupaciones y propuestas en cualquier debate social, político, relativo a la organización social, etc., porque ello enriquece el debate social.
La participación de las personas menores de edad en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno prepara a niños, niñas y adolescentes para su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y de pleno derecho. Permitir a los niños, niñas y adolescentes la participación en la toma de decisiones, en el diseño de proyectos políticos y comunitarios desarrolla el sentimiento de pertenencia y responsabilidad con la sociedad, necesario para construir sociedades justas. La infancia y adolescencia son agentes activos de transformación social.
Aunque el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes está expresado en nuestra legislación, según el estudio «Estudio sobre la participación de la infancia en la vida política y democrática de la UE», realizado por Rand Europe y Eurochild por encargo de la comisión europea, España está a la cola de los países europeos en cuanto a participación infantil. Es uno de los 13 países que no cuentan con un Parlamento infantil a nivel estatal.
Algunas instituciones, públicas y privadas han promovido acciones en este sentido, como UNICEF España, que desde hace dos décadas fomenta la participación de la infancia y adolescencia en la vida política y social, con iniciativas como Ciudades Amigas de la Infancia.
En la actualidad, con la creación en septiembre de 2021 del Consejo Estatal de participación de la Infancia y la Adolescencia adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se crea un instrumento de participación que tiene como finalidad que las personas menores de edad puedan expresar libremente sus ideas y proponer medidas, defender el reconocimiento social de sus derechos, formular propuestas sobre cuestiones que les afectan de ámbito estatal y erigirse en portavoz e interlocutor de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas.
El espíritu de este Consejo, así como las acciones que ya se vienen desarrollando en este sentido, deben permear a toda la sociedad, estamentos, instituciones y también al tejido asociativo, especialmente asociaciones que promueven los derechos de la infancia y la adolescencia que deberían contar en sus proyectos y acciones con perspectiva de las personas hacia las que van dirigidas.
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